Gatopardismo en el Poder Judicial
El suicidio de un funcionario por el acoso, abuso de poder y el maltrato en la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial en noviembre de 2023, determinó un tsunami silencioso en el organismo, pero no un cambio en la actitud de los jerarcas judiciales, según fuentes de sus distintas áreas.
El gatopardismo (cambiar todo para que nada cambie) ha sido la actitud principal a juicio de los consultados, así como un manto de supuesta "calma" impuesta para la opinión pública, mientras las conductas inapropiadas permanecen subyacentes y activas, como siempre.
La ministro, Dra. Doris Morales, quien era Presidente de la Suprema Corte de Justicia en el momento de los hechos, fue quien impulsó la denuncia de los funcionarios y le retiró el apoyo al Director Gral. de los Servicios Administrativos, Ing. Marcelo Pesce, provocando su dimisión.
Pesce fue ascendido al principal cargo administrativo de confianza del Poder Judicial en 2018 (asimilable a ministro de Justicia), durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
La renuncia se concretó luego de una manifestación en la Sede de la Suprema Corte de Justicia a la que convocaron todos los gremios del Poder Judicial: jueces, defensores públicos, actuarios, informáticos, médicos forenses, psicólogos y funcionarios.
La Asociación de Funcionarios Judiciales pidió la renuncia de Pesce porque era quien ordenaba las diferentes formas de hostigamiento a los trabajadores. Luego de que el funcionario se quitara la vida, hubo 32 denuncias en contra del jerarca judicial, según señaló el presidente del sindicato Pablo Elizalde.
La Dra. Morales, ante la gravedad del asunto, opinó en El Observador que el jerarca era el "gestor del acoso", ya que era imposible que no conociera los hechos relatados por los testigos.
Por acción u omisión cometió acoso, indica en el citado medio de prensa.
"Bajo ningún parámetro puede considerarse que fuera ajeno a lo que sucedió en la oficina que tenía a su cargo y de haberlo sido demuestra total inoperancia e ineptitud", agrega el informe periodístico.
En la investigación quedó probado que el acoso y la violencia o maltrato lo ejercían dos jerarcas de confianza de Marcelo Pesce, a quien no se investigó pese a ser el denunciado por los funcionarios, además de ser el jerarca, del cual dependían los acusados.
Finalmente, la Suprema Corte destituyó a esos dos funcionarios y notificó del caso a Fiscalía por si justificaba una indagatoria penal en razón de su responsabilidad en los hechos probados.
No se informó acción alguna respectó a los principales jerarcas de la oficina, como Marcelo Pesce o la subdirectora general Esc. Mariela Decaro.
Tras su forzada renuncia al Poder Judicial, Pesce continúa como integrante del directorio de la Asociación Española, en el que figura con el cargo de sub contador desde 2020.
Después de nueve meses de investigación, en absoluto silencio, sin filtraciones a la prensa, ni explicaciones públicas de dicho poder del Estado respecto a la gravedad de los hechos, tampoco se ha informado a la población de los cambios realizados para que estos abusos de poder no vuelvan a ocurrir.
Una de las fuentes judiciales consultadas comentó que: "lamentablemente, siguen ocurriendo los destratos y acosos en distintas dependencias del Poder Judicial, en especial por parte de los jueces, que no cumplen con las acordadas o instrucciones de la SCJ relativas a sus funciones y pretenden que parte de su trabajo lo hagan los actuarios".
¿Modus Operandi?
Lo que se denunció y comprobó a raíz del suicidio del funcionario de la Dirección General, sucede también en otras dependencias del organismo, según múltiples testimonios de funcionarios.
Por ejemplo, en la OFGECEN (Oficina de Gestión Centralizada para Jdos. de Paz y de Conciliación de la Capital), una "creación" del ex director gral. Pesce, que intentó copiar del sistema judicial chileno, y que puso bajo la supervisión de la ex subdirectora gral. Mariela Decaro.
En la OFGECEN existen hoy decenas de denuncias de funcionarios contra una jerarca apadrinada por ellos (qué está siendo investigada), la que también controlaba las idas a los baños de los funcionarios, vigilancia con cámaras, así como el tiempo para comer y la "productividad", en base a amenazas y castigos con las calificaciones, tareas que se encargaban y cambios abruptos de lugar de trabajo.
Funcionarios del área han contado anécdotas inconcebibles que sucedían con dicha jerarca y su entorno, respaldada por la Esc. Decaro, quien concurría con frecuencia para presionar y"apurar" la actividad.
"Firmen sin leer, firmen rápido, hay que producir", les decían a los funcionarios, muchos de ellos recién ingresados al Poder Judicial.
Lo sucedido reveló, además, la indefensión en la que están miles de funcionarios en el Poder Judicial, y seguramente en otros organismos del Estado, ante el abuso de poder y el acoso de los jerarcas.
"No conviene denunciar, porque el que denuncia termina perjudicado. En este caso el suicidio de un funcionario fue lo que dejó al descubierto el sistema de terror y los maltratos que habían impuesto un grupo de jerarcas", dijo una de las fuentes judiciales consultadas.
"Abundaban las denuncias sobre acosos y maltratos, pero no se hizo nada hasta la muerte de este funcionario", agregó.
Ascensos y traslados
Desde 2018, bajo la gestión de Pesce y Decaro, algunos funcionarios tuvieron privilegios especiales para ascensos y traslados, y empezaron a pasar "cosas raras", según las fuentes consultadas.
La Esc. Mariela Decaro, encargada del área jurisdiccional y responsable de las relaciones con jueces y actuarios, se salteó el orden de la lista de ascensos de los actuarios en varias ocasiones, con criterios antojadizos y argumentos contradictorios, perjudicando a funcionarios con más capacidad técnica y experiencia, y privilegiando a personas que ingresaron con recomendaciones políticas del gobierno del Frente Amplio, indican las fuentes consultadas.
Pese a las irregularidades denunciadas en cuanto a los manejos de Decaro, antes de irse del cargo en febrero pasado, por el escándalo ocurrido en la Dirección General, dejó otra lista de ascensos de actuarios, que las nuevas autoridades tomaron en cuenta sin analizar, incomprensiblemente, pese a la cuestionada actuación de la ex jerarca en la lista anterior.
La nueva lista de ascensos fue realizada a su antojo, con puntajes discutibles y omitiendo documentación de los legajos inspectivos de los actuarios, relegando funcionarios que no eran de su agrado, según las fuentes.
En los corrillos de la SCJ abundan los comentarios respecto a abuso laboral, persecución por razones políticas, acoso y maltrato de parte de los jerarcas, así como un caótico y tramposo sistema en las listas de ascensos, informes de evaluación a pedido, que benefician a un selecto clan de funcionarios con los mismos intereses político partidarios.
También se ha denunciado la desaparición de informes de los legajos de evaluaciones de funcionarios, con los consiguientes perjuicios o beneficios que significan.
Los criterios para calificar y otorgar puntajes tienen múltiples cuestionamientos, que son definidos como irregulares, oscuros y poco claros por muchos funcionarios.
Los antecedentes de Decaro y la avalancha de recursos (protestas) contra la lista que dejó, justificaban, para muchos funcionarios, un nuevo estudio con reglas claras y la posterior confección de una nueva lista con mayores garantías y controles.
Asimismo destacan los manejos presupuestales de Pesce y Decaro en relación a los funcionarios colaboradores y pasantes, profesionales sin cargo, que suplen a los actuarios, pagándoles menos por el mismo trabajo, en una situación que parece irregular desde el punto vista laboral.
Venganzas político partidarias
Por otra parte, algunas juezas denunciadas por acoso y maltratos fueron ascendidas a Tribunales de Apelaciones en los últimos años, sin profundizar en investigaciones sobre su comportamiento con otros funcionarios, pese a que utilizaron su poder para calificarlos mal y perjudicarlos por razones políticas, aseguraron las fuentes.
Una actuaria del Poder Judicial, esposa de un ex jerarca de gobierno de Tabaré Vázquez, tenia en su perfil de WhatsApp la bandera del Frente Amplio en diciembre de 2020.
La jerarca frenteamplista fue ascendida, y trasladada en varias ocasiones a su gusto y pedido. Y hasta tuvo tiempo para perseguir, en connivencia con juezas "compañeras", a funcionarios que no pertenecían a su partido político, de acuerdo a lo indicado por fuentes confiables.
La funcionaria jerárquica, militante de izquierda, ha estado apadrinada y privilegiada por autoridades del Poder Judicial, con total impunidad, según las fuentes.
"Funciona como un organismo de la Edad Media, nadie se mete. Cosas muy turbias, oscuridad y grandes injusticias. La ironía es que se trata del poder que administra justicia", dijo uno de los funcionarios consultados.
No hay dudas para muchos sectores de la sociedad que el Poder Judicial se trata del poder del Estado menos controlado y conocido por la población.
Del que menos se ocupa la prensa.
Oscuro, turbio y casi secreto.
Un poder que se controla a sí mismo.
Otros tiempos del renunciado Director Gral. del Poder Judicial, Marcelo Pesce, en 2017 cuando junto al entonces presidente de la SCJ, Jorge Chediak y el fiscal Jorge Díaz, promocionaban las bondades del nuevo Código del Proceso Penal, hoy tan cuestionado por operadores judiciales y amplios sectores de la sociedad.
