Escándalo y blindaje oficialista
El Frente Amplio bloqueó en el Senado la comparecencia del fiscal especializado en delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. Las acusaciones realizadas por Perciballe contra el exfiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, reflejan que Uruguay enfrenta, contrariamente a lo que creemos, un serio problema institucional. Además de un escándalo.
Según relató Perciballe en el programa Al Weso, la primera medida que tomó Díaz al asumir como Fiscal de Corte fue removerlo de Crimen Organizado (donde investigaba casos de narcotráfico, corrupción y lavado de activos), trasladarlo a una fiscalía para la que no tenia idoneidad, y luego rebajarlo de categoría, asignándolo a la materia aduanera.
Textualmente, esto es lo que dijo el acusador, ante la consulta del periodista sobre si sabía las razones de esas decisiones:
-Claro que lo sé. Lo tengo clarisimo; es difícil decirlo... Había investigaciones en curso... Esto está todo en Internet. Lo pueden buscar. Yo no lo voy a decir. Hay personas involucradas. Había posibilidad de pedido de procesamientos y ful sacado del caso. De los casos, porque eran varios casos.
Según el diario El Observador, en su edición del 10 de mayo de 2012, Díaz dispuso el traslado de Percivalle cuando éste intervenía directamente en un expediente que involucraba a Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia, exministro y hombre de máxima confianza del expresidente Tabaré Vázquez.
Si esta acusación se confirmara, el exjerarca habría actuado irregularmente contra un subordinado, más allá de su independencia técnica, con el fin de proteger a personas influyentes. Esto podría configurar delitos graves como abuso de funciones, encubrimiento y omisión de los deberes del cargo.
Lo que agrava la situación es que quien habría cometido estos actos no está retirado ni apartado de la vida institucional: hoy ocupa la prosecretaría de la Presidencia de la República y pretende coordinar, entre otras responsabilidades, el combate contra el crimen organizado.
Ahora bien, si esas acusaciones fueran falsas es decir, si Perciballe hubiera formulado esas imputaciones sin sustento, con mala fe o motivado por intereses personales, como afirma el presidente de la República, la gravedad no seria menor, puesto que podría haber incurrido en los delitos de calumnia y simulación de delito, o incluso abuso de funciones, si utilizó su investidura para difamar o perseguir.
Lo que debe quedarnos claro es que estamos ante un escándalo y un escenario perturbador: si no se trata de un jerarca del Estado que utilizó su poder para proteger a figuras poderosas en causas penales, tenemos un fiscal de la República que formula acusaciones falsas con conocimiento de causa.
Cualquiera de estas hipótesis exige una respuesta institucional contundente.
Por lo dicho, condenamos el intento de blindaje de Jorge Díaz por parte del oficialismo y apoyamos la convocatoria a Perciballe por parte de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
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