Imaginen un lugar donde la incompetencia no solo es tolerada, sino que está blindada por la Constitución. Bienvenidos a Uruguay.
En el mundo lógico, si decides que el trabajo es una sugerencia opcional, un supervisor te acompaña a la salida con tus pertenencias en una caja. En el sector público uruguayo, adquieres inmortalidad administrativa. La "inamovilidad" garantiza que, una vez que ingresas al sistema presupuestado, puedes literalmente soltar los remos, recostarte en la barca y dejar que el flujo inagotable de los impuestos te arrastre plácidamente hacia la jubilación.
Para despedir a un funcionario que no ha hecho absolutamente nada útil desde la invención del iPad, el Estado requiere un sumario interminable y la votación explícita del Senado de la República. ¡El Senado!
El resultado está a la vista. Caminas por Montevideo y la evidencia te golpea en la cara. Veredas que parecen zonas de impacto de artillería. Servicios que operan a la velocidad de la deriva continental. Y, sin embargo, las autoridades se muestran genuinamente asombradas de que el lugar se caiga a pedazos. Se rascan la cabeza. Culpan al presupuesto, a la economía global o a la alineación de los astros; ignorando el hecho fundamental de que si le garantizas a un ser humano que cobrará su sueldo sin importar lo que haga, eventualmente, hará exactamente eso: nada.
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